Silenciados / Silenced
en memoria de todos los líderes sociales asesinados en Colombia
in memory of all the social leaders killed in Colombia
Él es Vicente Borrego Mejía, guajiro, hombre de campo, ganadero, diputado y concejal. En los últimos años de su vida se había dedicado a apoyar corporaciones públicas de elección popular. El 1 de diciembre, día en que el Congreso de Colombia refrenda el Acuerdo de Paz de 2016; Vicente, de 80 años de edad, fue acribillado en frente de su casa en Rioacha encabezando la lista de líderes sociales asesinados. Una lista que hoy, después de 3 años de la firma del tratado, no para de crecer.
Él es Samir López Visbal el tercer líder social asesinado en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Abiertamente gay consideraba que la única forma de conseguir igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQ era participando en política. En Octubre de 2015 se convirtió en concejal de Galapa, Atlántico. Su agenda se centraba en dos pilares: la calidad y acceso a la educación de las niñas y niños del municipio y, en la creación y gestión de una oficina para la atención de personas con identidades y orientaciones sexuales y de género diversas. Su oposición y control político hacia el alcalde de Galapa -qué luego sería destituido- le valieron una serie de amenazas que se convirtieron en hechos: el 2 de diciembre de 2016, Samir es apuñalado siete veces dentro de su propia casa.
Él es José Abdón Hoyos Collazos (hay imprecisión en el orden de sus apellidos según las fuentes consultadas), el cuarto líder asesinado después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Líder campesino, ambientalista, miembro del movimiento Marcha Patriótica y participante de la mesa de víctimas en el municipio de Sotará en el Cauca y hermano de la líder de la mesa. En abril de 2016, José Abdón le había pedido a la CAR (Corporación Autónoma Regional) del Cauca que identificara una serie de humedales en una finca en la vereda de Ullucos, para así reconocer el estado en el que se encontraban y trazar una ruta para protegerlos con el apoyo de la comunidad. El 3 de diciembre de 2016, en el sector conocido como el Guacimo, cerca de la vereda de San Isidro, José Abdón -quien iba camino a casa- fue abordado por cinco personas desconocidas, presuntamente paramilitares. Le dispararon 5 veces quitándole la vida a los 45 años.
Ella es Nataly Salas Ruiz, la quinta líder social asesinada y una de las más jóvenes (tenía 19 años) tras firmar el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC en Colombia en 2016. Nataly era líder estudiantil de la Universidad de Córdoba donde cursaba primer semestre de la licenciatura de Matemáticas y asistía a una Iglesia Evangélica de su ciudad. El 3 de diciembre de 2016 encontraron su cuerpo en los alrededores de la Laguna Oxidación de Montería. Ella fue violada, torturada, arrastrada y golpeada de manera brutal antes de ser asesinada. Su muerte se convirtió en un hecho emblemático que llegó hasta el consejo de la ciudad para convertirse en una política pública que busca enfrentar el feminicidio.
Él es Guillermo Veldaño, el séptimo líder social asesinado en Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Campesino, líder ambientalista, dirigente comunal y presidente de la Junta de Acción comunal de su vereda: Buenos Aires, localizada en el municipio de Puerto Asís en el Putumayo. Guillermo hacia parte del Sindicato de Trabajadores Campesinos Fronterizos del Putumayo ( Sintcacfromayo) afiliado a Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria). También militaba en el movimiento Marcha Patriótica.
Importante cuidador y defensor del agua y del medio ambiente, desarrollaba su liderazgo entre los corregimientos Teteyé y Puerto Vega en Puerto Asís. Allí, los campesinos llevan años protestando contra el Grupo Vetra, operador del Consorcio Colombia Energy, empresa que ha contaminado el agua produciendo una catástrofe ambiental causada por la explotación petrolera.
El 12 de diciembre de 2016, Guillermo fue asesinado a balazos en su propia casa, en la vereda Buenos Aires, por dos sicarios que llegaron a buscarlo en motocicleta. La zona donde se perpetró este crimen es cercana a la vereda La Carmelita, uno de los lugares donde el bloque Sur de las Farc entregaron las armas, reincorporándose a la sociedad civil.
A pesar de que Vetra contaminó las aguas del río San Miguel y tiene dos procesos sancionatorios, la Autoridad de Licencias Ambientales le concedió permiso para 100 pozos más. En 2019, la comunidad bloqueó el paso del transporte a estos pozos.
Él es Anuar José Álvarez Armero, el octavo líder social asesinado luego de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016. Anuar vivía
en Argelia, Cauca, al Suroccidente del país. Coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, del corregimiento El Plateado. Defensor de Derechos Humanos, líder campesino perteneciente al Comité Cocalero, miembro de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, militante asociativo en el PUPSOC (Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano), afiliado de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y de la Central Unitaria de Trabajadores en Cauca (CUT), miembro del Movimiento político y social Marcha Patriótica.
Anuar murió un día después de la navidad de 2016, un día después de que estos mensajes de texto fueran enviados a Oscar Gerardo Salazar Muñoz (entonces presidente de la CUT): “sentencia de muerte a los líderes auxiliadores de la guerrilla en el Cauca. Ya sabemos en donde mantienen, hablamierda, mentirosos y campesinos que no dejan trabajar a la gente de bien con sus paros maricones que dañan a la sociedad los vamos a acabar a tiros”. El segundo mensaje llegaría más tarde el mismo día: "Volvemos y le decimos: estamos pendientes de sus movimientos así que líder advertido no muere en guerra. Nos cansamos de oír sus promesas de líderes mentirosos. Necesitamos una Colombia sin líderes ni que HP. Las AUC volvimos con más fuerza”. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue un grupo paramilitar, desmovilizado -parcialmente- en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2004 y 2006, lo que hace más angustiante los mensajes.
El 25 de diciembre de 2016, Anuar iba en su motocicleta camino a casa, en Mirolindo, cuando por la zona de El Chamuscado dos hombres desconocidos en una moto lo persiguen y le disparan varias veces, acertando en 4 balazos que hirieron a Anuar de gravedad. Herido continúo su camino sobre su moto; más adelante pidió ayuda y fue socorrido por un vehículo que cruzaba por allí, quien lo llevo al hospital de Argelia donde falleció, horas después.
Aunque Anuar no había recibido mensajes específicos sobre amenazas directas, estas iban dirigidas a todos los líderes comunitarios, sociales y defensores de Derechos Humanos de la Coordinación Campesina, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Unión Patriótica y la Mesa Agraria y Popular de Interlocución y Acuerdos MIA en el Departamento del Cauca. En esta zona de Colombia, la aparición primero de panfletos y luego, el asesinato de líderes campesinos es un modelo sistemático para acabar con los líderes y también con los militantes del movimiento Marcha Patriótica, recordando el exterminio sucedido con los miembros del partido de izquierda, Unión Patriótica.
Argelia es uno de los municipios que ha sido duramente afectado por el conflicto interno del país. Por su riqueza territorial ha sido objeto de disputa entre los diferentes actores armados del conflicto. El narcotráfico ha permeado la agricultura; las Farc también han tenido fuerte influencia allí. Este municipio ha soportado todas las formas de violencia y sus principales víctimas han sido los campesinos. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, la violencia no ha cesado.
Ella es Yaneth Alejandra Calvache Riveros, la novena líder social asesinada en Colombia después de la firma del Tratado de Paz de 2016. Yaneth era líder campesina y defensora de Derechos Humanos; integrante de la Asociación de Vecinos de Balboa, Cauca y hacia parte del proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano. Pertenecía, también a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y al Movimiento Marcha Patriótica.
El 29 de diciembre de 2016, en la vereda de Robles, perteneciente al municipio de Balboa en el departamento del Cauca, un desconocido en motocicleta con las placas cubiertas estuvo merodeando la zona. Al día siguiente, el 30 de diciembre de 2016, a las 7.30 am, un hombre visita la casa habitación de Yaneth, donde ella tenía una venta de minutos para llamadas a celular. El hombre solicita el servicio y habla por teléfono durante 20 minutos. Cuando Yaneth sale a recibir el teléfono, su cliente le propina 4 disparos: 3 en el pecho y uno en la barbilla. Luego destruye el teléfono móvil y huye junto a otro sujeto en una motocicleta con placas tapadas con cinta adhesiva.
Aunque Yaneth fue auxiliada por sus amigos y familiares murió cuando era trasladada a un Centro Médico.
Ella es Karla Torres, registrada como Carlos Jesús Baéz Torres, la décima líder social asesinada después de la firma e implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en Colombia. Karla era trabajadora sexual y lideresa de la comunidad LGTIBQ en Cúcuta. Ejercía la prostitución en el Barrio Latino, en la calle séptima con carrera tercera, zona donde se concentran las trabajadoras trans quienes tienen que pagar una extorsión que oscila entre los 50 mil a 100 pesos. Las presiones y cobros están a cargo de diversos grupos que se identifican como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Los Rastrojos, los Urabeños e incluso la Policía.
En medio de esta violencia a la que se veían sometidas tanto ella como sus compañeras, Karla decide sumarse a la Asociación de Chicas Trans de Norte de Santander (Asotrasnor). Allí, se convierte en lideresa y se dedica a trabajar por los derechos de las y los trabajadores sexuales, las víctimas del conflicto armado, los habitantes de la calle y los adictos a las drogas. Su espacio de acción era la calle, pero se concentraba en el Parque de las Mercedes, lugar muy cercano al Terminal de Transportes, el puerto terrestre que eligieron las prostitutas trans como área de trabajo. Allí conviven ellas y los cobradores de las extorsiones, que pasan en motos para recaudar su dinero.
Esta cercanía y visibilidad hacen de Karla una incomodidad para los grupos armados que controlan el negocio de la prostitución y la explotación sexual en Cúcuta que no ven con buenos ojos su labor y la convierten en un blanco. Tan incómoda les resulta que en 2016 fue víctima de dos atentados: uno en octubre y otro en diciembre. En el primero fue apuñalada por un hombre que se bajó de un taxi y en el segundo, fue abaleada por un hombre que viajaba en moto y se bajó para intimidarla. En las dos ocasiones, sus amigas prostitutas le salvaron la vida.
Estos grupos, tampoco están de acuerdo con la existencia de Asotrasnor y amenazan a las directivas de la Asociación. Tan fuerte es la intimidación que ya para el 2018, un año después del asesinato de Karla, la Defensoría del Pueblo lanza una alerta temprana donde indica que Asotrasnor es una de las 16 organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las comunidades LGTIBQ que están en riesgo de sufrir ataques violentos en Norte de Santander. Varias organizaciones tuvieron que mover a estas personas en riesgo de muerte a otras ciudades del país.
El 1 de enero de 2017, Karla se encontraba en su sitio habitual de trabajo, en el Barrio Latino cuando llegaron dos hombres en moto. Uno de ellos le propinó dos tiros: uno en el pecho y otro en la barbilla. Finalmente, la mataron.
Sus amigas, quienes recuerdan una de las frases bandera de esta lideresa "A las chicas trans nos están matando y nadie hace nada", siguen esperando que el Gobierno haga justicia, pues aseguran que la investigación no avanza.
Él es Olmedo Pinto. Líder asesinado Número 11. Líder indígena, comunero del Resguardo Nasa de Huellas (Caloto), pertenecía al "Movimiento de los Sin Tierra: Nietos de Manuel Quintín Lame", al comité de derechos humanos en el Municipio de Caloto, al Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano (Pupsoc), a la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia (CONPI) y al movimiento político Marcha Patriótica.
Él es Aldemar Parra García, el líder social asesinado No. 12 luego de la Firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016.
Aldemar había sido empleado de las concesiones mineras de ValeCoal Colombia, empresa multinacional minera dedicada a la extracción de carbón. Cuando la empresa es vendida a Colombian Natural Resources, Aldemar queda desempleado, pero sigue amparado por el sindicato recibiendo su salario. Aún así, se une a la Asociación Apícola del Cesar, Asograce, en el corregimiento del Haltillo, en el municipio del Paso (Cesar) de donde era oriundo, y se convierte en el presidente. Parra era un hombre reconocido por los habitantes de la zona como un defensor de la tierra. Abogaba contra el desplazamiento forzado de su comunidad causado por la destrucción ambiental provocada por las minas de carbón y se mostraba muy preocupado por los problemas de salud de los habitantes de su territorio y por el cambio abrupto que había sufrido la actividad agrícola y pesquera como consecuencia de las 5 minas que se explotaban en ese lugar.
Su plan era postularse para la presidencia de la Junta de Acción Comunal de su corregimiento y contaba con el apoyo del pueblo. Un plan que quedó truncado el 7 de enero de 2017 cuando dos hombres le dispararon repetidas veces. Aldemar murió inmediatamente.
Por esa época, otros líderes comunales del Cesar ya habían alertado sobre las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas, que se consignaban y se distribuían en panfletos. En noviembre de 2016, la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas había emitido un informe que alertaba sobre la situación de intimidación en la que se encontraban los líderes de esta zona confirmando que se hallaban en una situación de alto riesgo. Sin embargo, el Estado colombiano no tomó las acciones necesarias para salvaguardar, proteger y garantizar sus vidas.
Su plan era postularse para la presidencia de la Junta de Acción Comunal de su corregimiento y contaba con el apoyo del pueblo. Un plan que quedó truncado el 7 de enero de 2017 cuando dos hombres le dispararon repetidas veces. Aldemar murió inmediatamente.
Por esa época, otros líderes comunales del Cesar ya habían alertado sobre las amenazas de las Autodefensas Gaitanistas, que se consignaban y se distribuían en panfletos. En noviembre de 2016, la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas había emitido un informe que alertaba sobre la situación de intimidación en la que se encontraban los líderes de esta zona confirmando que se hallaban en una situación de alto riesgo. Sin embargo, el Estado colombiano no tomó las acciones necesarias para salvaguardar, proteger y garantizar sus vidas.
Él es Yilber Andrés Yatacué, un niño indígena Nasa que fue asesinado a causa de una bala perdida entre el ejército y la columna móvil Dagoberto Ramos perteneciente a las disidencias de las FARC, en marzo de 2020.
Yilber no era un líder, era un NIÑO y bordarlo me hizo pensar que aquello firmado el 24 de noviembre de 2016 ha sido un albur: la violencia sigue arrebatándonos toda nuestras esperanzas de paz. Yilber era un niño, era un indígena y dentro del Tratado de Paz era prioridad.
Los niños no son máquinas de guerra. Yilber es es claro ejemplo de que la infancia en este país está en medio del fuego cruzado, indefensa y frágil.
Yilber no era un líder, era un NIÑO y bordarlo me hizo pensar que aquello firmado el 24 de noviembre de 2016 ha sido un albur: la violencia sigue arrebatándonos toda nuestras esperanzas de paz. Yilber era un niño, era un indígena y dentro del Tratado de Paz era prioridad.
Los niños no son máquinas de guerra. Yilber es es claro ejemplo de que la infancia en este país está en medio del fuego cruzado, indefensa y frágil.
Él es José Yimer Cartagena quien fue asesinado el 11 de enero de 2017, unos meses después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia.
José Yimer era líder campesino reconocido en toda la zona sur de Córdoba por su trabajo con la comunidad para erradicar los cultivos de coca en el municipio de Tierralta, exactamente en el corregimiento de Saiza, en el caribe colombiano. Desde el 2012 trabajaba con la organización Marcha Patriótica y con la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas.
Este territorio, históricamente ha sido azotado por la violencia tanto de la guerrilla de las FARC como del grupo paramilitar AUC y en los años 90, ambos provocaron masacres, tomas y desplazamientos forzados. Además, este enclave en el Nudo del Paramillo, fue por años un fortín cocalero regentado por la guerrilla.
Una vez que se implementa el Acuerdo y el frente 58 de la columna Mario Vélez se mueve a las zonas de concentración, José Yimer junto a otros líderes de la zona se enfrentan con una nueva problemática: la necesidad de cambiar su economía fundada en los cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana por otro tipo de cultivos, pero encuentran resistencia en los grupos armados ilegales que llegan de otra región.
El trabajo de Yimer tenía un propósito hermoso: hacer pedagogía de los Acuerdos con los campesinos para así poder incentivarlos a entrar en los programas de sustitución, pero por otro lado también presionaba al gobierno para evitar la erradicación forzada. Su labor causaba incomodidad y a finales de 2016 fue amenazado por un paramilitar de la Autodefensas Gaitanistas, quien lo agredió y le advirtió que debería dejar su trabajo para la erradicación.
No quiero relatar cómo encontraron el cuerpo de Jose Yimer, pero la crueldad y la saña de sus asesinos fue un mensaje muy claro para el resto de líderes de la región.
¿Hasta cuándo?
José Yimer era líder campesino reconocido en toda la zona sur de Córdoba por su trabajo con la comunidad para erradicar los cultivos de coca en el municipio de Tierralta, exactamente en el corregimiento de Saiza, en el caribe colombiano. Desde el 2012 trabajaba con la organización Marcha Patriótica y con la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas.
Este territorio, históricamente ha sido azotado por la violencia tanto de la guerrilla de las FARC como del grupo paramilitar AUC y en los años 90, ambos provocaron masacres, tomas y desplazamientos forzados. Además, este enclave en el Nudo del Paramillo, fue por años un fortín cocalero regentado por la guerrilla.
Una vez que se implementa el Acuerdo y el frente 58 de la columna Mario Vélez se mueve a las zonas de concentración, José Yimer junto a otros líderes de la zona se enfrentan con una nueva problemática: la necesidad de cambiar su economía fundada en los cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana por otro tipo de cultivos, pero encuentran resistencia en los grupos armados ilegales que llegan de otra región.
El trabajo de Yimer tenía un propósito hermoso: hacer pedagogía de los Acuerdos con los campesinos para así poder incentivarlos a entrar en los programas de sustitución, pero por otro lado también presionaba al gobierno para evitar la erradicación forzada. Su labor causaba incomodidad y a finales de 2016 fue amenazado por un paramilitar de la Autodefensas Gaitanistas, quien lo agredió y le advirtió que debería dejar su trabajo para la erradicación.
No quiero relatar cómo encontraron el cuerpo de Jose Yimer, pero la crueldad y la saña de sus asesinos fue un mensaje muy claro para el resto de líderes de la región.
¿Hasta cuándo?
Ella es Emilsen Manyoma Mosquera, asesinada el 14 de enero de 2017 junto a su esposo, unos meses después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia.
Emilsen fue una líder afro, defensora de los Derechos Humanos en el corregimiento de Bajo Calima en Buenaventura (Valle del Cauca), al sur del país. Buenaventura a pesar de ser el puerto más importante del Pacífico Colombiano, con una población mayoritariamente afrodescendiente ha sido un lugar abandonado por el Estado, condenado a la pobreza extrema; su posición estratégica lo ha convertido en un territorio apetecido por el narcotráfico que lo único que ha dejado es violencia y guerra entre grupos armados que se lo disputan.
Emilsen se dio a conocer por denunciar el control paramilitar y el tráfico de drogas e intentó ponerle tatequieto a los actores armados que pretendían convertir su territorio en un reino de violencia e impedir la libre movilidad de sus habitantes. En su corregimiento, bien era conocida una "casa de pique" (lugar donde se pican a machete los muertos y se lanzan al mar) pero ella, junto a la comunidad resiste y, a pesar del asedio propiciado por las dinámicas del conflicto armado y la violencia a su alrededor, conforma el Espacio Humanitario Puente Nayero que prohibía la entrada de dichos actores a su territorio. Además, defendió su tierra de la explotación minera, acompañó a las comunidades indígenas de la zona en su retorno al Resguardo de Santa Rosa Guayacán después de sufrir desplazamiento forzado por parte de los paramilitares y también se opuso al plan para crear un relleno sanitario avalado por el gobierno.
Aunque tenía el acompañamiento de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y era vocera local de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios Conpaz, así como miembro de la Comisión de la Verdad aportando a ella desde la documentación de las violaciones a los derechos humanos en Buenaventura, nada de esto sirvió para proteger su vida.
Lo más triste de esta historia es que a Emilsen y a su esposo, los mató su propio hermano, un disidente de las FARC que había robado armas y bienes de la guerrilla.
Emilsen fue una líder afro, defensora de los Derechos Humanos en el corregimiento de Bajo Calima en Buenaventura (Valle del Cauca), al sur del país. Buenaventura a pesar de ser el puerto más importante del Pacífico Colombiano, con una población mayoritariamente afrodescendiente ha sido un lugar abandonado por el Estado, condenado a la pobreza extrema; su posición estratégica lo ha convertido en un territorio apetecido por el narcotráfico que lo único que ha dejado es violencia y guerra entre grupos armados que se lo disputan.
Emilsen se dio a conocer por denunciar el control paramilitar y el tráfico de drogas e intentó ponerle tatequieto a los actores armados que pretendían convertir su territorio en un reino de violencia e impedir la libre movilidad de sus habitantes. En su corregimiento, bien era conocida una "casa de pique" (lugar donde se pican a machete los muertos y se lanzan al mar) pero ella, junto a la comunidad resiste y, a pesar del asedio propiciado por las dinámicas del conflicto armado y la violencia a su alrededor, conforma el Espacio Humanitario Puente Nayero que prohibía la entrada de dichos actores a su territorio. Además, defendió su tierra de la explotación minera, acompañó a las comunidades indígenas de la zona en su retorno al Resguardo de Santa Rosa Guayacán después de sufrir desplazamiento forzado por parte de los paramilitares y también se opuso al plan para crear un relleno sanitario avalado por el gobierno.
Aunque tenía el acompañamiento de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y era vocera local de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios Conpaz, así como miembro de la Comisión de la Verdad aportando a ella desde la documentación de las violaciones a los derechos humanos en Buenaventura, nada de esto sirvió para proteger su vida.
Lo más triste de esta historia es que a Emilsen y a su esposo, los mató su propio hermano, un disidente de las FARC que había robado armas y bienes de la guerrilla.
Él es Edmiro León Álzate Londoño. Asesinado el 1 de noviembre de 2017. Edmiro fue un líder ambiental perteneciente al Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio (MOVETE) y hacia parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Llano Cañaveral. El eje de su trabajo comunitario consistía en la defensa de los derechos del campesinado frente a Hidroarma, un proyecto hidroeléctrico que pretendía apropiarse del agua en una región donde escasea en verano. Además, este proyecto intentaba, a través de prácticas coercitivas, quedarse con la tierra de los campesinos de la zona.
Edmiro León estaba comprometido con la autonomía territorial, la seguridad y soberanía alimentaria, la defensa del territorio y los derechos de los campesinos y se oponía a la extranjerización de la tierra, pues estas empresas (tanto chilenas como españolas) llegaban a este territorio a deforestar una reserva ambiental para sembrar aguacate. A pesar de que no había recibido amenazas por su liderazgo, todos conocían sus fuertes enfrentamientos con los funcionarios de Hidroarma.
Su cuerpo apareció apuñalado en un potrero de una de sus fincas y la investigación sobre su muerte, todavía sigue en fase de indagación.
Edmiro León estaba comprometido con la autonomía territorial, la seguridad y soberanía alimentaria, la defensa del territorio y los derechos de los campesinos y se oponía a la extranjerización de la tierra, pues estas empresas (tanto chilenas como españolas) llegaban a este territorio a deforestar una reserva ambiental para sembrar aguacate. A pesar de que no había recibido amenazas por su liderazgo, todos conocían sus fuertes enfrentamientos con los funcionarios de Hidroarma.
Su cuerpo apareció apuñalado en un potrero de una de sus fincas y la investigación sobre su muerte, todavía sigue en fase de indagación.
