En mayo de 1991, un grupo de personas procedentes de
diferentes organizaciones sociales (grupo cristiano,
comité no-violencia, comité anti-Otan…) y personas
independientes, comienzan a mantener contactos
preocupadas por la realidad migratoria que se iba
haciendo visible. Las muertes de inmigrantes a
causa de naufragios de pateras ya eran conocidas
y la exigencia de visado a nacionales de Marruecos
a partir del día 15 de ese mismo mes iba, según se
entendía, a potenciar una forma de entrada
en la Península que conllevaba un gran peligro.