Bogotá - 2016

Una olla es como se conocen a ciertas zonas de algún barrio en las ciudades grandes e intermedias, en donde el tráfico de drogas o la prostitución se realizan a diario, usualmente exentas de cualquier control de la fuerza pública, conformándose un entramado social que genera sus propias normas y microeconomía con la realización aquellas actividades ilegales. En algunos casos, el auspicio o extorsión a cambio del silencio por parte de agentes de la fuerza pública, permite que las actividades ilegales continúen su curso normal. Tal fue el caso de 17 policías que en un barrio en el centro de Bogotá (San Bernardo, localidad de Santa Fe), hacían parte de la nómina de los traficantes de droga del sector.

​Los agentes llevaban la contabilidad en una libreta del cobro del dinero y entre ellos sorteaban con los dados la responsabilidad de recoger el dinero diariamente. Estos policías fueron filmados por un infiltrado, que logró captar la falta de conciencia con la cual procedían en la actividad delictiva, llegando a hacer afirmaciones al momento de repartir el dinero como “Sí, buenas: en este momento la policía nacional no trabaja, gracias por sus servicios, muy amables, la policía nacional no trabaja”, mientras se encerraban en un CAI móvil. Los policías fueron capturados por la DIJIN junto a otros 20 civiles.

El caso fue revelado por el noticiario Noticias Uno, quienes obtuvieron parte de esos videos. Se puede encontrar el hecho noticioso en el canal de YouTube del noticiero (NoticiasUnoColombia) con el título de “Policías reparten lo que le cobran por día a los jefes de una banda de microtráfico".

Un amor que ata no es un amor que une. La adolescencia es el momento de la vida en que suelen cometerse locuras que a largo plazo dan forma a nuestro carácter, durante esta etapa nos aferramos a ideas en las que creemos porque nuestro instinto así lo indica,  en esta etapa todo nos parece posible.

Una adolescente de 16 años en la desesperada búsqueda de atar a su vida a quien creyera era el amor de su vida encontró un embarazo como la mejor y más creíble idea para evitar que el ser amado se alejara, sin embargo, dentro de Liliana Cáceres Herrera no crecían hijos, pero sí una prominente barriga que, al paso de los meses, llamó la atención de los medios de comunicación porque Liliana aseguraba que dentro de ella llevaba 9 hijos. El acontecimiento fue adquiriendo notoriedad suficiente para que el entonces gobernador del Atlántico, Nelson Polo Hernández, ofreciera un empleo al padre y a través de los medios de comunicación se inició una campaña para recolectar suministros básicos para la vida de los no natos.Los colombianos conmovidos y sorprendidos por la increíble historia no dudaron en ayudar a la madre que atravesaba por un embarazo múltiple. Tras varias negativas de Liliana para realizarse los exámenes médicos propios de su condición el 29 de noviembre se descubrió que Liliana llevaba sobre sí trapos y prendas de sus familiares que estos creyeron extraviadas.
La mujer pidió perdón a su novio, a sus familiares y a la sociedad. En 2015 para una entrevista declaró que como una maldición tras la cinematográfica historia no había podido encontrar el amor.

Bogotá, 2006.

Y es precisamente “pequeña”, porque en esta historia, la persona o las personas que cometieron plagio, nunca fueron juzgadas o sancionadas al respecto; e indigna saber que el plagio se cometió en el Concejo de Bogotá, a nombre del ex concejal Leo César Diago. Inmediatamente el caso incita la risa (con matices de vergüenza ajena) al conocer que el texto plagiado contiene extractos de los portales web El Rincón del Vago, Icarito y de la Corporación Red País Rural. El proyecto de acuerdo que el concejal entregó en el Concejo y que se buscaba que entidades del Distrito aporten recursos para apoyar medios de comunicación alternativos, contenía extractos que, reproducidos de manera exacta, pertenecían a publicaciones hechas en los mencionados portales web, los cuales sí contienen las correspondientes fuentes citadas.

​El concejal se defendió al exponer que los responsables del plagio habían sido los miembros de su equipo de trabajo. Por esta acción, que bien pudo costarle la destitución de la investidura, o como lo señala el código penal en los artículos 270 y 271, prisión de 2 a 5 años y una multa entre los 200 y 1000 salarios mínimos vigentes.

Tristemente, este no ha sido el único caso de plagio en el Consejo de Bogotá: Luis Fernando Olivares también plagió textos en un proyecto de acuerdo, aludiendo argumentos similares a los de Diago.

Tragedia del Salgar y Crisis humanitaria en la frontera con Venezuela – 2015

Estafadores de todo calibre los hay. Quienes en busca del beneficio propio se aprovechan de las necesidades de los demás, de las crisis o tragedias que afectan a las comunidades o determinados sectores de la población colombiana, sacando provecho de las ayudas humanitarias que deberían recibir los verdaderos damnificados. En lo concerniente a la tragedia de Salgar, Antioquia, una avalancha provocada por fuertes lluvias dejó sin hogar a las familias de ésta población. El gobierno reconoció ayudas a los damnificados (unas 1000 personas) y anunció planes para la reconstrucción de las viviendas. Los mismos sobrevivientes del Salgar señalaron que tras las ayudas mencionadas, personas ajenas a la población se han beneficiado de los paquetes humanitarios o que esperan acceder a los proyectos de reconstrucción de vivienda. Algo similar, aunque en una crisis distinta, se presentó cuando cientos de colombianos fueron deportados desde Venezuela en condiciones que vulneraban sus derechos. En su momento la procuradora delegada para la Infancia y Familia, Ilva Myriam Hoyos, alerto sobre falsos deportados que accedían a los beneficios de subsidio.

Según la ley 1474 de 2011, estas personas estarían incurriendo en Fraude a Subvenciones, en los casos en los que se obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad; lo que acarrearia una pena privativa de la libertad de 5 a 9 años, una multa de 200 a 1000 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas de 6 a 12 años.

​Pasaron los meses y los años; obreros tendido bajo el sol, deambulado detrás de las lonas verdes para cerramiento en la obra de la tercera fase de Transmilenio por la calle 26, o simplemente jugando parqués sin más. Los bogotanos se acostumbraron a los trancones, a los desvíos de las rutas de transporte y la post-apocalíptica visión de una Bogotá parcialmente destruida, sin remedio, como si nada de este fuese un hecho extraordinario. El desfalco que se generó a la capital del país fue estimado en unos 2,2 billones de pesos. Sin embargo, el tremendo robo a las arcas de la ciudad no solo tuvo que ver con la adjudicación de la obra de Transmilenio en su tercera fase, sino que abarcó contratos por otros conceptos, además de millonarias adiciones a los contratos una vez adjudicados; y quizá el más renombrado de estos contratos fue por el cual se condenó al ex alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, en lo concerniente a la adquisición de ambulancias y la manera fraudulenta en la que se manejó el contrato para que quedara en las manos de la asociación de la empresa TAM  y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá.

En esta serie de inmensos desfalcos se vieron involucrados el ex alcalde de Bogotá; el hermano y congresista de éste último, Iván Moreno; el ex gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz y su esposa Luz Rozo; el ex concejal José Juan Rodríguez; el ex contralor de Bogotá Ángel Moralesrussi; el ex secretario de salud de Bogotá Héctor Zambrano; la ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano Liliana Pardo (en este momento prófuga de la justicia); el ex subdirector de esa misma entidad Inocencio Meléndez; el ex presidente de Conalvías Andrés Jaramillo; los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez (entre otros); los empresarios y primos Guido, Manuel y Miguel Nule. No a todos la justicia ha procesado y muchos otros intermediarios a distintos niveles se encuentran en libertad.

Una anécdota: La noche del sábado 5 de septiembre del 2015 en la cárcel de la Picota en Bogotá, fueron encontrados en un asado y tomando whisky “Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cerebros del desfalco de la comisionista Interbolsa; el abogado Álvaro Dávila y el ex concejal José Juan Rodríguez, en prisión por el ‘carrusel de la contratación’; el ex gobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal, tras las rejas por homicidio y nexos con paramilitares; y Camilo Bula Galeano, condenado a ocho años de prisión por un detrimento de 31.500 millones de pesos en la Dirección Nacional de Estupefacientes”.
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¡Todos para uno y uno para todos!

Cali, Bogotá; en la esfera política de Colombia, en el extranjero; vergüenza nacional. 1995

Lo que no mata, engorda. Y fueron precisamente esas dos acciones que el narcotráfico generó (y todavía lo hace) en las décadas de 1980 y 1990. Mató a cientos de personas por todo el país y engordó las cifras de corrupción y desconfianza de los colombianos en sus instituciones. Por ello, el narcotráfico como problema de seguridad nacional, de corrupción política, generador de violencia en muchos ámbitos sociales del país, hizo metástasis dentro en la vida nacional; y el proceso 8000 fue uno de esos “15 minutos de (negra) fama” que ha tenido el país.

En 1994, el candidato a la presidencia Andrés Pastrana Arango, entregó unos casetes (o “narcocasetes”) que contenían conversaciones entre el periodista Alberto Giraldo con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela sobre la filtración de dineros del Cartel de Cali a la campaña política por la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Las investigaciones sobre la filtración de esos dineros a la campaña, originó una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación no solo al presidente electo, sino a una larguísima lista de vinculados políticos (representantes, senadores, ministros, un procurador y un contralor general), empresarios, y hasta músicos relacionados con los dineros del narco. La cantidad de la infiltración de dineros ilícitos fue tan alarmante que no quedó duda alguna sobre la veracidad del hecho.

​El Partido Liberal (el partido Samper) llevó a nombre de Horacio Serpa la defensa del presidente en la investigación que le abrió la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representes: 111 votos a favor y 43 en contra, fue el resultado que permitió que se archivaran los cargos contra Samper. Estados Unidos le retiró la visa al presidente y desertificó al país en materia de lucha contra las drogas. Algunos terminaron en la cárcel, como el entonces ministro de defensa Fernando Botero Zea que aseguró que Samper sí sabía de los dineros del narco en su campaña, en especial cuando Botero fue el director de la campaña de Samper. En este caso los vinculados al proceso, tal como se mencionó en El Espectador en una edición especial, “ni fueron todos los que estuvieron, ni estuvieron todos los que fueron. Esa fue la gran conclusión que dejó el proceso 8.000.” 

Hoy Samper es presidente de Unasur.

Nariño - 2104
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​El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fue creado en 1968, y desde entonces su misión es la prevención y protección de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas; velando especialmente por quienes se encuentren en condiciones de amenaza, inobservancia o estén siendo vulnerados en sus derechos. Pero en algunas ocasiones (que no han sido pocas), funcionarios del Instituto han utilizado sus cargos para propender a la protección de sus intereses privados; estas personas velan especialmente por comisiones personales en los contratos que alcanzan el 10% del valor asignado, llegando incluso a realizar amenazas por la inobservancia de los preacuerdos a sus inescrupulosos socios.

En 2014 fue detenido por la Fiscalía quien ejerciera el cargo de director regional del ICBF de Nariño, Héctor Fabio Quiroz Ordóñez, junto con los particulares María Fernanda Muñoz Díaz, Javier Bastidas Chaves y a Ovidio Bernardo Martínez Erazo, quienes en conjunto habían manipulado el proceso licitatorio para beneficiarse por la adjudicación de dos contratos en el programa “De Cero a Siempre”, por un valor de $3.792.382.812. El trámite en el que se vieron implicadas estas personas, se orquestó bajo la batuta del ex director Quiroz Ordóñez, quienes crearon la fundación “Semillas para la Prosperidad” y en asociación con la empresa Cooperativa Multiactiva, cumplieron los requerimientos de experiencia exigida; luego se conformó la unión temporal Creando un Futuro para Nariño. Posterior a la adjudicación, a los contratos se hicieron una adición contractual por $1.134.889.000, mientras que el 10% fuese a parar a Quiroz y compañía. El contratista se negó a realizar el pago del porcentaje exigido, y ante la negativa, el ex director regional solicitó los servicios de alias Carlos, un cobrador criminal.

​Un año más tarde, Héctor Fabio Quiroz fue condenado por Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto a 7 años de prisión y a una multa de 400 millones de pesos, declarándose culpable de los cargos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y extorsión tentada; María Fernanda Muñoz fue condenada a 51 meses de prisión.

En Colombia, algunas personas parecieran jugar constantemente al teléfono roto con las leyes y principios que rigen esta sociedad, y más grave cuando son éstas las encargadas de velar por los derechos de los colombianos y colombianas más vulnerables.

Huila - 2001

Indicar cuál es el límite de lo moralmente correcto, cuando una broma -por muy ingeniosa que pueda parecer una idea- saca provecho de más de un incauto, es en algunos casos, difícil de acotar. Podría decirse que la proporción de un engaño es equivalente al daño causado a una persona, a una población, y casos los ha habido en Colombia de todas las proporciones y en todas las épocas.

En 1960 un hombre se hizo pasar por Embajador de la India en Neiva como un marajá de nombre Rahama Machaka. Gracias a su atuendo y a su acento, fue tratado con los mejores agasajos, disfrutando de una noche a expensas de los curiosos incautos. Pero para Eduar Coronado Charry, la “jugada” se expandió durante varios años.

Capturado en 2001 por el extinto DAS, bajo los cargos de “estafa, falsedad personal, hurto, secuestro y utilización de prendas de uso privativo de las fuerzas militares”. Se hizo pasar por médico, guerrillero, militar, petrolero, veterinario, tramitador de pensiones entre otras profesiones. 

Las víctimas de sus estafas eran usualmente personas desempleadas o adultos mayores. En 1999 extorsionaba a comerciantes y ganaderos, haciéndose pasar por un guerrillero de las FARC.

​En 2001 se hacía pasar por veterinario, y los animales que le dejaban a su cuidado, los remitía a una veterinaria a unas cuantas cuadras donde tenía su negocio, beneficiándose él cobrando por el trámite. Al momento de su captura, se encontraba dictando una charla sobre primeros auxilios en Pitalito, Huila, en el colegio Jerónimo España. Lo que sí se sabe de él es que es bogotano, conductor de profesión, y para el momento de su captura tenía 26 años. ​

Periodo de funcionamiento: 1954-1991 y poco o nada después

Con la intención de integrar las empresas ferroviarias que en Colombia existían y que eran administradas por regiones, fue como Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC), una entidad estatal adscrita al Ministerio de Obras Públicas, vio la luz en 1954. Para 1975 FNC sufría graves problemas financieros causados por las cargas prestacionales que heredó la empresa de la época de administración regional, o los altos porcentajes de pensionados con respecto al personal activo. Si para 1974 esta red ferroviaria transportaba el 12% de del total de la carga movilizada en el país, en 1989 transportaba tan solo el 4%. En el Gobierno de Virgilio Barco se decidió dar cristiana sepultura a la FNC, otorgándole la misión de renovar, expandir y sostener la infraestructura férrea de Colombia pasaría a manos del Ferrovías. Sin embargo estos propósitos nunca se realizaron. El desangramiento de lo poco que quedó de la era del tren en Colombia llegó con la corrupción.

En 2003, el ex presidente de Ferrovías, Julián Palacio Luján, adquirió 17 predios (entre estos apartamentos casas en Bogotá, Cali, Palmira y Bucaramanga), que estaban avalados en más de 500 millones de pesos; además, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a este furtivo comprador a 10 años y 4 meses de prisión por irregularidades encontradas en la adjudicación de diversos contratos. Uno de esos contratos celebrados en 1997 ascendía a los 18 mil millones de pesos con las empresas Cargo Plus Ltda. y Asesoría Jurídicas Especializadas por el concepto de asesorías que nunca se realizaron; por cierto, unas de esas empresas había sido creada meses antes por la esposa de Palacio. Otra de estas asesorías fue pagada en $2.685.048.656 millones.       

​Se vale recordar que el mismo Palacio, en respuesta a una denuncia pública hecha por Andrés Pastrana Arango en 1997, aseguró que Ferrovías “ha llevado por buen camino el proceso de recuperación del ferrocarril a través del sistema de concesión”.

El programa Agro Ingreso Seguro estaba diseñado para fomentar el agro a través de subsidios para los micro, pequeños y medianos empresarios en Colombia. La entidad encargada de programar (métodos de contratación), ejecutar y supervisar los subsidios era el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, al cargo del ex ministro Andrés Felipe Arias. La contraloría General de la Nación estima que unos $12.700 millones entregados en subsidios están siendo investigados por desviaciones y/o ineficiencias en el control de los mismos. El ente de control cuestionó al ex ministro por la posible intervención en convenios “en los cuales se habrían omitido los estudios técnicos, financieros (económicos) y jurídicos”. 

Esta jugada maestra estaba entregando dinero a grandes terratenientes, que a la vez eran familias políticamente poderosas en algunos sectores del país, para lucrativos negocios. Lucrativos porque se estaban quedando con la plata de los subsidios. En Algarrobo, un municipio del Magdalena, Juan David Dávila Jimeno recibió unos 2.200 millones de pesos a nombre propio y de su empresa (Agroindustrias JMD y Cia.) con el fin de invertir en riego y drenaje. En la zona, las otras a las personas que le fueron adjudicadas subsidios fueron a sus dos hijos y a su esposa. Y es que esos 2.200 millones sumaban el dinero de esta familia, porque astutamente Dávila dividió y arrendó sus terrenos a sus familiares, para que así los dineros quedaran en casa. Hasta narcotraficantes se beneficiaron con el AIS; Ismael Augusto Pantoja Carrillo, alias 'El Negro' recibió “Capitalización rural por 194 millones de pesos y un crédito preferencial por 500 millones”.

Hoy en día se encuentra preso en Estados Unidos por narcotráfico.

Y el avivato mayor en este caso, el ex ministro Andrés Felpe Arias, fue destituido e inhabilitado por 16 años; además, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años de cárcel y a pagar una multa de 30.800 millones de pesos en el 2014. El ex ministro se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, en donde, de hecho, se encuentra en asilo y desde entonces ya habría  podido solicitar la residencia definitiva en ese país.