El arancel es uno de los instrumentos más importantes y antiguos de la política
comercial. Permite ejercer control sobre los flujos de comercio internacional, protege los
sectores industriales, es transparente y eficiente para las empresas y es una fuente importante de ingresos fiscales. En la actualidad, específicamente en el inicio de este nuevo siglo, este instrumento se ha convertido en la variable crucial para el inicio de la integración de la economía mundial. Debido a la institucionalidad internacional, cada vez más fuerte, la política arancelaria ha ejercido una gran influencia en la política comercial de los países. El incremento constante de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el establecimiento de los aranceles consolidados promovidos en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con el objetivo de una desgravación gradual de todos los bienes, han permitido el incremento de los flujos comerciales en todas las direcciones.

No obstante, la institucionalidad internacional, que ha utilizado el arancel como pilar
para la globalización, ha generado la pérdida paulatina del control de todas las barreras
arancelarias en las naciones. Cada vez es más difícil tener maniobrabilidad sobre el
instrumento (consecuencia del compromiso frente a la OMC) generando una utilización, cada vez más grande, de otros instrumentos de política comercial más agresivos, insidiosos y menos controlables; tal es el caso de las barreras no arancelarias.

El caso colombiano no es la excepción. Desde la apertura económica, en 1991, los
aranceles promedio cayeron de forma dramática, liberalizando, desde la perspectiva de la
política arancelaria, casi todos los sectores de la economía; sin embargo, a pesar de este
intento genuino de liberalización, los sectores más conservadores de la economía
construyeron una especie de contrarreforma institucional, de forma casi inmediata, que
encamino nuevamente a la nación al proteccionismo vía barreras no arancelarias.