Francia, a pesar de su posición internacional, presenta un enfoque laxo en la protección de los océanos. Apenas un insignificante 1,6% de sus zonas con estatuto de protección se consideran "muy" o "totalmente" protegidas según las directrices de la Guía de AMP. Sorprendentemente, en aguas metropolitanas, este porcentaje desciende a un escaso 0,03%.

Esto trae consigo problemas evidentes. Casi la mitad de las aguas con estatus de protección carecen de regulaciones y controles, permitiendo actividades humanas que devastan los ecosistemas marinos y la biodiversidad, aun cuando tienen supuesta protección. Prácticas como la pesca industrial intensiva y destructiva se llevan a cabo sin restricciones, causando daños profundos.

Esta falta de regulación se extiende al ámbito internacional. Aunque Francia alardea de proteger más del 30% de sus aguas, esto no garantiza una protección efectiva. El desafío de establecer áreas marinas protegidas verdaderamente efectivas es claro, y se requiere una reforma integral en políticas marinas y protección, involucrando a los pescadores para lograr una transición hacia prácticas más sostenibles y responsables.

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